Los Derechos De Las Audiencias: De Los Medios Electrónicos A Las Plataformas Digitales.

Por la Magistrada Adriana Campuzano Gallegos

En el segundo semestre del año 2016 se produjeron dos acontecimientos que, sin tener conexión directa entre sí, permiten aproximarse al fenómeno de las audiencias de medios electrónicos y digitales en nuestro País.[1]

Por un lado, el director de una televisora pública renunció a su puesto, motivado, al menos quizá en parte, por la oleada de tweets que censuró la manera en que aquél se refirió a la obra de un cantautor de música popular recientemente fallecido.[2] Por otro, una organización de la sociedad civil reaccionó críticamente ante la transmisión de narco series.[3]

Aunque ambos acontecimientos atañen al funcionamiento de los medios de comunicación, el primero tuvo un resultado efectivo, mientras que el segundo quedó como un registro más de la voz casi siempre ignorada de la sociedad civil.

Las audiencias, cuyo concepto fue acuñado originalmente sólo para designar a las personas receptoras de las señales de radiodifusión (radio y televisión abierta) y más tarde empleado también para nombrar a quienes reciben contenidos de audio y video restringidos (radio o televisión satelital o terrenal por cable o por otros medios) e inclusive para referirse a los grupos de la población que utilizan medios digitales (internet y redes sociales), conforman un colectivo que desde el punto de vista constitucional es titular de un conjunto de derechos que tienen su fundamento histórico en la libertad de expresión, el derecho a la información y, más recientemente, el derecho a la protección de datos personales.

Si bien su consagración en el texto constitucional data de la reforma en las materias de radiodifusión y telecomunicaciones del mes de junio de 2013,[4] lo cierto es que su reconocimiento jurídico se ha efectuado desde décadas atrás, tanto por los sistemas universal y americano de derechos humanos[5] como por la legislación secundaria que ha regulado las obligaciones de los medios de comunicación, específicamente por la Ley Federal de Radio y Televisión y sus reglamentos sobre televisión restringida.[6]

En general, el cúmulo de derechos enunciados en el texto constitucional y en leyes secundarias pueden agruparse en dos rubros: los que corresponden al derecho (en sentido amplio) de las audiencias a recibir información y los que se refieren al derecho de éstas a reaccionar frente a la información recibida.

En el primer bloque se encuentran, entre otros, los siguientes: prohibición de censura; información oportuna, plural y verídica; contenidos no discriminatorios, con perspectiva de género e inclusivos de grupos en situación de vulnerabilidad; uso del espectro y otorgamiento de concesiones para usos privados, públicos y sociales; medios independientes; lineamientos para la programación, especialmente la infantil; prohibición de publicidad engañosa y vejatoria; no concentración ni monopolios en los medios de comunicación; protección de datos personales, intimidad y vida privada; prohibición de contenidos que hacen apología de la violencia o al odio, pornografía infantil, etc. transparencia en gastos de publicidad oficial; contenidos orientados a los valores de la cultura ciudadana.

En el segundo, pueden mencionarse los siguientes: defensorías de las audiencias, el  derecho de réplica y la participación de la población. En ambos rubros, se incluye el acceso a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como al internet, banda ancha  y nuevas tecnologías.

El análisis particularizado de estos derechos revela que su configuración básica tiene como premisa el papel que la radiodifusión y los medios de comunicación tienen en una sociedad democrática: como generadores de información, como creadores de cultura, como conductos para la recepción de ciertos servicios y como oportunidades de esparcimiento.

Si bien estas funciones se han reconocido tradicionalmente a la radiodifusión, medio que según el último censo,[7] sigue siendo el principal medio de comunicación utilizado por la población mexicana, existen numerosas voces que afirman que los mismos atributos pueden asignarse a la televisión restringida y a las nuevas plataformas tecnológicas digitales al alcance de un sector importante de la población a través de teléfonos inteligentes y tabletas.[8]

Así, los derechos de las audiencias encuentran contextos distintos que determinan su contenido, su alcance y los mecanismos para ejercerlos. Ellos imponen al Estado, conforme al artículo 1º constitucional, las obligaciones de respeto, protección, garantía y promoción, conforme a los principios pro persona, no discriminación, progresividad y máximo uso de los recursos disponibles,  en condiciones de accesibilidad, disponibilidad y calidad.

Estas obligaciones pueden traducirse en mandatos de abstención (prohibición de ejercer la censura) o de acción y  dentro de este último tipo, pueden consistir en prestaciones de dar (otorgar concesiones de uso público, privado o social) o de hacer (regular los tiempos máximos de publicidad, crear los lineamientos para la programación dirigida a la población infantil o supervisar la actuación de los concesionarios).

No obstante, debe admitirse que no hay tanta claridad sobre las obligaciones a cargo del Estado cuando los contenidos audiovisuales no provienen de agentes sujetos a regímenes especiales de sujeción, como los concesionarios,  sino de agentes privados que interactúan entre sí a través de internet, blogs y redes sociales, y cuyos contenidos son difundidos por las empresas que prestan los servicios de acceso a internet o que operan, por ejemplo, los motores de búsqueda. En estos supuestos, los autores de la información y quienes la divulgan pueden ser difícilmente identificables, hallarse fuera del ámbito territorial de la autoridad o de las jurisdicciones,  o incluso no ser  rastreables.

Es evidente que los derechos de las audiencias colisionan con otros derechos.  Recibir contenidos de calidad, plurales y dirigidos a exaltar los valores de libertad, ciudadanía, cultura, valores y democracia, igualdad y no discriminación y a proteger los derechos de los niños, puede entrar en conflicto con el derecho a la libertad de expresión, la libertad comercial de los concesionarios o incluso el de protección de datos personales de terceros.

Asimismo, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TICs), creadoras de la sociedad de la información y de la gran aldea digital, si bien han potencializado el ejercicio de la libertad de expresión y de otros derechos vinculados con la construcción de una ciudadanía,[9] la educación, el trabajo y la salud, también representan un ambiente propicio para que se cometan numerosas violaciones a otros derechos protegidos (como son los relativos a la intimidad, la autonomía informática, el libre desarrollo de la personalidad o  la propiedad intelectual), o incluso conductas ilícitas (trata de personas, pornografía infantil, comercio de órganos, terrorismo, ciberacoso), atribuibles a los particulares o a los gobiernos que manipulan la opinión pública o vician los procesos democráticos.[10]

Este entramado de relaciones generan conflictos cuya solución debe alcanzarse con los mecanismos que el propio ordenamiento pone a disposición de las audiencias y cuyo su uso es francamente escaso en nuestra sociedad.

Mientras en otras latitudes, las defensorías de las audiencias, las agencias reguladoras estatales, y los tribunales de jurisdicción civil, comercial o en materia de derechos humanos tienen pronunciamientos relevantes,[11] en México, ninguna de estas tres instancias ha mostrado un nivel de actividad importante.[12]

A pesar de que antes de la reforma constitucional, ya existían Defensores de las Audiencias en medios públicos y en uno comercial (MVS), y ahora ya existen otros más, incluso en medios impresos,[13] las quejas de las audiencias son numéricamente escasas considerando el volumen de audiencias televisivas.[14]

En materia de regulación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones no ha emitido aún el texto definitivo de los lineamientos sobre los derechos de las audiencias ni tampoco ha mostrado un ejercicio consistente en supervisión de contenidos destinados a la población infantil o sobre los tiempos máximos de publicidad, que son sus mandatos específicos en la materia, como tampoco  las otras dependencias competentes han realizado acciones destacadas.

Finalmente, igualmente son escasas las acciones judiciales intentadas por las organizaciones de la sociedad civil y los afectados en contra de los actos cometidos en medios electrónicos y digitales y aquéllas han generado resultados adversos, muchas veces por obstáculos procesales, que no llegan al fondo.

En conclusión, cualquiera que examine detenidamente los contenidos radiodifundidos, difundidos por servicios restringidos, o digitales, puede advertir con facilidad que los derechos de las audiencias no son efectivamente respetados, aunque sean objeto de protección constitucional. Las razones de tal estado de cosas pueden residir en el desconocimiento de estos derechos por sus titulares, la indiferencia o la falta de asesoramiento legal adecuado de las organizaciones de la sociedad, el desinterés de las agencias reguladoras y de supervisión, la ineficacia de los mecanismos de protección o las condiciones de una democracia precaria o de una cultura ciudadana incipiente, pero si todos somos audiencias,  ¿Qué estamos esperando para hacer valer nuestros derechos?

[1] La magistrada Adriana Campuzano Gallegos es cotitular del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con Residencia en la Ciudad de México. Cuenta con una prolífica labor académica como docente en universidades como la UP,  la UNAM, el ITAM, entre otras universidades. Ha publicado diversos escritos y artículos, destacándose en 2016 su reconocido “Manual para Entender el Juicio de Amparo”.

[2] “Alvarado sale de TvUNAM tras su opinión clasista sobre Juan Gabriel” http://www.jornada.unam.mx/2016/09/02/sociedad/038n1soc, consultado el 20 de septiembre de 2016 (en lo sucesivo c. 20-IX-2016)

[3] “ #NoANarcoseries: ONG exige a producciones mexicanas que se respeten los horarios de transmisión” http://www.sinembargo.mx/19-09-2016/3094152, c. 20-IX-2016

[4] Arts. 6 y transitorios tercero, décimo y décimo primero del decreto de reformas, c. 20-IX-2016

[5] Véase Declaración Universal de los Derechos del Hombre (Art. 19), Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (Art. 20), Convención Americana de Derechos Humanos (Arts. 13 y 14), Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, Estándares de Libertad de Expresión para una Radiodifusión Libre e Incluyente, Resolución 56/183 aprobada por la ONU, Informe UNESCO Freedom of Connection, entre otros C. 20-IX-2016.

[6] Véase también la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Arts. 38-VIII, y 41-XVIII), Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Arts. 38 y 43), Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (Art. 6), Ley Federal de Protección al Consumidor (Arts. 7, 32 y 98 Bis), y Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad (Arts. 20 y 32), c. 20-IX-2016.

[7] Primera Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales, c. 20-IX-2016

[8]Cuarta encuesta sobre patrones de consumo y experiencia de los usuarios de servicios de telecomunicaciones (Comunicado 15/2016) Instituto Federal de Telecomunicaciones, c. 20-IX-2016

[9] Algunos opinan que las redes sociales constituyen la manifestación más moderna y cercana al modelo de la democracia directa. Véase CASTELLS, Manuel. Redes de indignación y esperanza: los movimientos sociales en la era de Internet. Alianza Editorial, Madrid, 2012, 296 pp.; DOMÍNGUEZ David Caldevilla. Democracia 2.0: La política se introduce en las redes sociales en http://search.proquest.com/openview/6407446c8d97b851f12944f2e3f71271/1?pq-origsite=gscholar

[10] FICARRA Francisco INTERNET en la gestión pública y municipal. http://chasqui.ciespal.org/index.php/chasqui/article/view/288, c. 20-IX-2016.

[11] PËREZ LUÑO, Antonio E. Nuevas Tecnologías y Derechos Humanos, Tirant Lo Blanch. Valencia, 2014, c. 20-IX-2016.

[12] Véase A.R. 622/2015 Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación.20 enero 2016 y la tesis 1a./CLVI/2016 (10a.) de rubro “PERSONAS Y PUEBLOS INDÍGENAS. INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 230 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN” en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 10ª.Época, L. 31, junio 2016, T I; así como HERNÁNDEZ RAMIREZ, María E. El caso Aristegui y el derecho de las audiencias en http://rei.iteso.mx/handle/11117/3050, c. 20-IX-2016.

[13] Véase Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias en https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC8LjJiaHPAhVDRCYKHUZLDz8QFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAsociaci%25C3%25B3n-Mexicana-de-Defensor%25C3%25ADas-de-las-Audiencias-441655886016720%2F&usg=AFQjCNHLq-3JManeJdjN541xF6p_ISOotw&sig2=zJVksiJOaXAXFNfNJBPQDg, c. 20-IX-2016.

[14] Véase “Informe del Defensor de la Audiencia Canal Once. Enero-marzo 2016” en http://www.oncetv-ipn.net/docs/defensoria/informes/Informe_trimestral_enero-marzo2016.pdf, c. 20-IX-2016.