Cuentas incobrables, ¿Deben resultar estrictamente indispensables para los fines del negocio, en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta para su deducibilidad?

Por Nora Angélica Peña Michel

y Alfredo González Lorenzana

 

El Legislador Federal estableció en el artículo 25, fracción V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la posibilidad de que los contribuyentes deduzcan los créditos incobrables.

Siendo importante mencionar, que dichos créditos incobrables se agrupan conjuntamente con la pérdida de bienes de los contribuyentes, por caso fortuito o fuerza mayor, y distinguiéndose de las erogaciones relacionadas con gastos o inversiones.

Ello es así, pues un crédito incobrable no resulta deducible por una erogación voluntaria del contribuyente, que se encuentre vinculada a la consecución de su objeto social, sino que constituye un menoscabo patrimonial por la pérdida de un bien, particularmente el derecho a recuperar una cantidad que le era adeudada. Distinción que resulta de gran importancia para definir las normas aplicables a cada deducción.

Ahora bien, en el artículo 27, fracción XV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se reitera que los créditos incobrables se deducen derivado de la pérdida generada por ellos, además de que para su deducibilidad existen dos momentos posibles: uno en el mes en que se consuma el plazo de prescripción de la acción de cobro ó antes del plazo establecido en el supuesto anterior, si fuese notoria la imposibilidad práctica de cobro.

Ahora bien, a efecto de que exista imposibilidad práctica de cobro, el marco normativo enuncia cuatro posibles escenarios: a) Cuando el crédito no exceda de treinta mil UDIS, se deducirá un año después de haber caído en mora, b) Cuando el crédito sea mayor que treinta mil UDIS, se deducirá cuando el contribuyente haya demandado ante la autoridad judicial el pago de lo adeudado, o se haya iniciado el proceso arbitral, c) Se compruebe que el deudor haya sido declarado en quiebra y, d) Tratándose del sistema financiero, esto es, Bancos, Afianzadora o empresas de Factoraje, cuando su cartera de créditos sea castigada de conformidad con las reglas que establezca la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

En los supuestos de los incisos a) y b) referidos, adicionalmente se dispuso que el contribuyente debe informar al deudor sobre la deducción de la cuenta incobrable, para que éste acumule la cantidad correspondiente. Del mismo modo deberá avisar a la autoridad fiscal a más tardar el 15 de febrero de cada año, respecto de los créditos considerados incobrables.

Es importante señalar que en el supuesto de que el contribuyente recupere la totalidad o parte de la cuenta por cobrar, respecto de la cual se haya considerado que existía imposibilidad práctica de cobro, la misma deberá acumularse en el ejercicio que ello ocurra.

Por su parte el artículo 27, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece que las deducciones autorizadas deben ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, requisito que ha sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que toda erogación o gasto en que incurra la compañía debe estar vinculado con la realización del objeto social, en la tesis emitida en la Novena Época por la Primera Sala, número 1ª. XXX/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación de febrero de 2007, cuyo rubro es  “DEDUCCIÓN DE GASTOS NECESARIOS E INDISPENSABLES. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 29 Y 31, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.”

Es importante reiterar, que dicha fracción I, del artículo 27, se ha vinculado por el Poder Judicial constantemente con erogaciones realizadas por el contribuyente; sin embargo, hay que considerar que  tratándose de créditos incobrables, lo que se deduce no es en sí una erogación, sino la pérdida de bienes del contribuyente, misma pérdida que es reconocida por el propio legislador como un menoscabo patrimonial extraordinario, que reduce su capacidad contributiva, independiente de las erogaciones ordinarias relacionadas con la consecución de su objeto social.

Pues bien, a efecto de dilucidar lo anterior, es importante mencionar, que independientemente de la posibilidad de recuperar cantidades con motivo del juicio mercantil interpuesto en contra de la empresa deudora, los contribuyentes pueden deducir la cuenta por cobrar una vez que se presente la demanda correspondiente.

Efectivamente, el legislador estableció que existe imposibilidad práctica de cobro, con el simple hecho de presentar la demanda respectiva, y por ende, puede ser deducible en el ejercicio en que esta se presente, siempre y cuando se informe tanto al deudor para que éste acumule el importe de la deuda a sus ingresos, como a la autoridad fiscal, antes del 15 de febrero del año siguiente a la deducción, tal como lo establece el artículo 27, fracción XV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Ahora bien, la deducción de cuentas incobrables no debe pasar por el requisito establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establece la indispensabilidad de las deducciones, en virtud de que dicha fracción se encuentra vinculada con erogaciones que realice el contribuyente de manera ordinaria para lograr el fin del negocio, y no con pérdidas sufridas por éste en casos extraordinarios.

Así es, dado lo extraordinario de la deducción de pérdidas por créditos incobrables, el legislador estableció una regulación de requisitos específicos, partiendo de la premisa fundamental de que todos los créditos incobrables generan un menoscabo en el patrimonio de la empresa, por lo que una vez cumpliendo lo establecido en la fracción XV, del artículo 27, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, resultan deducibles.

Efectivamente,  el concepto de “estrictamente indispensable”, que se establece como requisito de las deducciones, se encuentra vinculado estrechamente con aquellas erogaciones voluntarias que tienen como fin lograr el objeto social, y que de no realizarse afectaran los ingresos de la empresa, o el funcionamiento de ella, como lo ha interpretado la Suprema Corte; sin embargo, en materia de pérdidas de bienes del contribuyente, no se puede hablar de indispensabilidad, dado que resulta absurdo que sea estrictamente indispensable perder bienes del contribuyente, ya sea por el impago de los deudores, por caso fortuito o fuerza mayor, para lograr su objeto social, al contrario, esas pérdidas de bienes no son indispensables para el funcionamiento ordinario del negocio, no obstante ello, deben ser reconocidas por el legislador como deducción, pues constituyen un menoscabo patrimonial que afecta de manera directa su capacidad contributiva para efectos del Impuesto sobre la Renta.

Así es, una partida deducible como la pérdida por créditos incobrables, o incluso la pérdida de bienes o activos de la empresa, no puede condicionarse a que sea estrictamente indispensable para los fines del negocio o de su actividad, pues por naturaleza propia se contrapone, dado que las empresas tratan de evitar a toda costa que su patrimonio se vea mermado por crédito incobrables o pérdidas de bienes. Pero se insiste, en caso extraordinario, y a efecto de lograr un grado de proporcionalidad en el Impuesto sobre la Renta, el legislador reconoció la pérdida por créditos incobrables como una partida deducible.

Incluso, así lo ha resuelto el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis I.7o.A.83 A, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación de diciembre de 1999, cuyo rubro es “FACTORAJE, EMPRESAS DE. DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE CRÉDITOS INCOBRABLES.”, que si bien es aplicable en materia del sistema financiero, el cual como ya se dijo previamente tiene características especiales, dado que deben deducir sus cuentas incobrables de manera reglada, y están sujetos a la obligación de obtener garantías suficientes a efecto de no dañar a los ahorradores, también resulta ilustrativo para el análisis que realizamos en el presente artículo.

En efecto, el Poder Judicial ha reconocido que la pérdida por créditos incobrables es una partida que per se, resulta deducible, ya que el legislador la estableció como un menoscabo patrimonial distinto a los gastos, erogaciones o inversiones, que causa efectos fiscales cuando existe notoria imposibilidad práctica de cobro, bastando para ello la necesidad de acudir ante la autoridad Judicial para exigir su pago. Y que por lo tanto, no está sujeta al requisito de indispensabilidad para el desarrollo de la actividad, pues no constituye una erogación o gasto ordinario de la compañía.

Ciertamente, la generación de pérdidas por créditos incobrables, tan no es indispensable para la actividad u objeto social del negocio, que la demanda mercantil que detona la deducción tiene como finalidad eliminarlas, a través de la posibilidad de recuperar cantidades por parte del deudor, pero que en aras de un principio de proporcionalidad tributaria debe reconocerse como un daño patrimonial que afecta las utilidades o rentas del contribuyente.

En vista de ello, consideramos que en materia de pérdidas por créditos incobrables, no resulta aplicable el requisito de deducibilidad establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, dado que dichas pérdidas jamás serán estrictamente indispensables para la actividad de la empresa, al contrario, constituyen daños patrimoniales extraordinarios, que los contribuyentes tratan de evitar para lograr los fines de la empresa, pero que en el supuesto de que se den, ya sea por la renuencia del deudor a pagar, por caso fortuito o fuerza mayor, deben ser deducibles, y como tales los reconoce el legislador, a fin de medir debidamente la capacidad contributiva.

 

La coautora es estudiante del noveno semestre la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, campus Guadalajara.

El coautor es socio de la firma Alonso y Cía., S.C. en la Ciudad de Guadalajara y es egresado del el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

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