México en el camino hacia la configuración de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho

Por Rodrigo Loustaunau Martínez

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin duda, ha sido el principal actor en la configuración de un “nuevo rostro constitucional de los derechos humanos en México”[1] cuya trascendencia es tal que ha perfilado al Estado Mexicano como un Estado Constitucional y Democrático de Derecho que tiene como primordial tarea la protección y promoción de los derechos humanos y libertades fundamentales[2].

Lo anterior, se aprecia claramente en la gran cantidad de esfuerzos que desde diferentes trincheras ha emprendido para crear un sistema judicial que garantice de manera efectiva los derechos humanos de los justiciables.

Hay un sinnúmero de acontecimientos que evidencian lo anterior, de manera enunciativa basta observar el proyecto para la Nueva Ley de Amparo del año 2001 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual refleja el serio compromiso de nuestro más alto Tribunal en “que el juicio de amparo evolucionara en distintos derroteros”[3] en aras de configurarlo como un verdadero instrumento de tutela constitucional, inquietud de la sociedad mexicana que fue atendiendo a través de la jurisprudencia, materializadas posteriormente a través de las reformas constitucionales publicadas el 6 y 10 de junio del 2011 y el 2 de abril de 2013 con la publicación de la Nueva Ley de Amparo.

Dar lectura a la sentencia dictada en el Caso Adair Coronel, o estudiar aquella que resolvió el expediente varios 912/2010 a través de la cual se incorporaron diversas figuras novedosas para nuestro sistema jurídico, destacando entre ellas el control difuso de convencionalidad, pone de manifiesto que el compromiso de la Corte ha sido congruente en sus resoluciones.

Estos esfuerzos no podían pasar desapercibidos en el concierto internacional, de hecho, a finales del año pasado la Organización de las Naciones Unidas otorgó el premio en materia de derechos humanos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En verdad, tal reconocimiento es un motivo para que los mexicanos nos sintamos orgullosos del papel que juega nuestro Tribunal Constitucional en su importante y esencial labor de garantizar y tutelar los derechos fundamentales.

Sin embargo, recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterios que constituyen un impedimento para contar con un esquema garantista propio de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, que inclusive desde mi punto de vista son un paso atrás en la camino que ha seguido para conseguir la tutela efectiva de los derechos humanos.

En primer lugar me referiré al criterio: “OMISIÓN LEGISLATIVA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN II, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”[4] .

El criterio en cuestión podría condensarse de la siguiente manera: el principio de relatividad impide la procedencia del juicio de amparo en contra de una omisión legislativa, ya que de concederse la protección constitucional se estarían dando efectos generales a la sentencia de amparo, toda vez que se obligaría al Legislador a crear una Ley vinculando así a todos los gobernados y autoridades que evidentemente no fueron parte en el juicio de amparo.

El artículo 103 de nuestra Carta Magna incorporó la facultad de los Tribunales de la Federación para resolver toda controversia que se suscite por omisiones de la autoridad que, violen los derechos humanos reconocidos en la Constitución y Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano forme parte.

A la luz del nuevo esquema constitucional surgido en junio del 2011 y en cumplimiento a las obligaciones estatales asumidas en el pacto de San José; la Corte no debió prohibir la procedencia del juicio de amparo en contra de las omisiones legislativas, pues este nuevo esquema tiene como principal objetivo garantizar la tutela de los derechos humanos y el criterio apuntado permite la existencia de transgresiones a las libertades fundamentales sin que el particular pueda combatirlas.

Además, de conformidad con el artículo 25 del Pacto de San José, todos tenemos derecho a contar con un recurso judicial efectivo que permita combatir las trasgresiones a los derechos humanos. Lo resuelto por la Corte soslayó el contenido de dicho artículo, impidiendo así la configuración del juicio de amparo como el instrumento procesal para combatir conductas omisivas del ente legislativo que transgredan derechos humanos.

En tal virtud, al no contar con un recurso judicial que permita combatir omisiones legislativas contrarias a los derechos fundamentales, existe la posibilidad de una eventual condena en contra del Estado Mexicano, dado que independientemente del tratamiento que internamente se le dé al principio de definitividad, la máxima consagrada en el Pacto de San José es clara: “las personas tienen derecho a contar con un recurso judicial efectivo que permita combatir cualquier transgresión a sus derechos y libertades fundamentales”.

En tal medida, a la luz del nuevo esquema en el que se desenvuelve el juicio de amparo y en atención al derecho humano de recurso judicial efectivo, la Corte debe permitir la procedencia del juicio de amparo en contra de omisiones legislativas.

Asimismo, la procedencia del juicio de amparo contra omisiones legislativas, en sí mismo, no transgrede el principio de relatividad, ya que en su caso, el Juez de Amparo podría imprimir efectos particulares a la sentencia de amparo en fórmula de norma jurídica individualizada tendientes a que la violación cese, “permitiendo superar los incumplimientos del legislador aunque sea para casos particulares; o bien invalidar actos en sentido estricto en que se traduzca la omisión”[5].

Considero que una nueva reflexión en torno al tema teniendo como premisa la finalidad del juicio de amparo (tutela efectiva de derechos humanos) y no uno de los principios que lo conforman (principio de relatividad), es recomendable para terminar de consolidar al juicio de amparo como un verdadero instrumento de tutela de derechos fundamentales, objetivo que tuvieron los trabajos de “ingeniería constitucional” de junio de 2011.[6]

Por otro lado, la jurisprudencia: DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL”[7] que derivó de la contradicción de tesis 293/2011 es desde mi perspectiva un retroceso en la configuración de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

El enunciado que sostiene el criterio es realmente contradictorio, pues por un lado reconoce que las normas de derechos humanos independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, y por otro, dispone que debe estarse a la norma constitucional cuando exista una restricción expresa en la Constitución en virtud del principio de supremacía constitucional que no fue modificado en junio del 2011. En pocas palabras, jerarquizó donde determinó que no existían jerarquías, pues dio una respuesta basada en la supremacía jerárquica de la Constitución pasando por alto la incorporación del bloque de constitucionalidad que la propia Carta Magna reconoce en su artículo 1.

La reforma constitucional creó un bloque de constitucionalidad conformado por los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, el cual está ubicado en el nivel más alto del sistema jurídico mexicano. Dentro de ese bloque el Juez Constitucional debe escoger la norma que mayor favorezca, o la restricción que menos limite los alcances del derecho comprendido en la norma.

El principio pro persona, es el instrumento jurídico a disposición del Juez para llevar a cabo tal actividad, toda vez que le permite escoger dentro de un conjunto de normas constitucionales y convencionales que están en igualdad de condiciones, independientemente de su fuente, y que consagran derechos humanos ;aquella que “represente un mayor beneficio para la persona o que implique una menor restricción”[8].

En dicha tesitura, el criterio apuntado desnaturaliza el principio pro homine, ya que independientemente de la norma que mayor beneficio otorgue o la que menos restringa, debe estarse a lo dispuesto por nuestra Constitución cuando exista restricción expresa.

Se ha mencionado que el criterio comentado derivó de la necesidad estatal de otorgar el aval de la Corte a las normas, inclusive de nivel constitucional, que transgreden el derecho internacional de los derechos humanos. No sé si tales afirmaciones sean verdaderas, sin embargo es evidente que en nuestro sistema simple y sencillamente, el principio pro homine no podrá cumplir su finalidad cuando exista una restricción expresa en la Constitución, en el mejor de los casos, o cuando un órgano de control constitucional así lo estime y lo consiga a través de la poderosa herramienta de la argumentación.

Los criterios que han sido señalados evidentemente derivan de un análisis jurídico de gran calado, comprometido y altamente técnico, sin embargo aun y cuando tales criterios sean sostenibles desde el punto de vista técnico jurídico, sin duda no tienen cabida en el esquema de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho al que aspira ser México.

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[1] Caballero Ochoa, José Luis, “La reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma”. Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro (coords), México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2011, p. 103.

[2] Declaración y Programa de Acción de Viena aprobados por la Conferencia de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993.

[3] Mac-Gregor Ferrer, Eduardo y Sánchez Gil, Rubén, “El Nuevo Juicio de Amparo, guía de la reforma constitucional y la nueva Ley de Amparo”, México, Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional, 2013, p. 19.

[4] Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10ª época, lib. XVII, febrero del 2013, t. 2, tesis 2ª. VIII/2013 (10ª).

[5] Mac-Gregor Ferrer, Eduardo y Sánchez Gil, Rubén, “El Nuevo Juicio de Amparo, guía de la reforma constitucional y la nueva Ley de Amparo”, México, Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional, 2013, p. 37.

[6] “Ingeniería constitucional”. Término obtenido del libro “Ingeniería Constitucional Comparada” de Giovanni Sartori.

[7] Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10ª época, tesis P./J 20/2014 (10ª).

[8] Coord: Mac-Gregor Ferrer, Eduardo; Caballero Ochoa, José Luis y Christian Steiner, “Derechos Humanos en la Constitución: Comentarios de Jurisprudencia Constitucional e Interamericana”, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Universidad Nacional Autónoma de México y Fundación Konrad Adenauer, 2014, p. 6.